A fin de mantener informados a nuestros clientes en estos momentos de incertidumbre administrativa, desde ADAPTAT queremos explicar brevemente la situación en la que nos encontramos con el actual Estado de Alarma en lo referente a las licitaciones públicas.

A raíz de la suspensión de plazos administrativos y paralización de toda actividad en este sentido (ambas medidas derivadas del RD 463/2020), salvo aquella encaminada a paliar, reducir o minimizar los efectos del COVID-19 provoca, efectivamente, que no haya posibilidad de licitar nada. Todas las personas, empresas y sectores cuyo trabajo se encuentra ligado a las licitaciones públicas no podemos hacer otra cosa que esperar que dobleguemos el avance del coronavirus y se retire el Estado de Alarma para que la situación se regularice y podamos continuar con nuestra actividad habitual.

A pesar de ello, la actividad de contratación de la Administración Pública no se ha paralizado, puesto que el RD 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, indica en su artículo 16 la vía de contratación de la AP: aplicando el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que articula la contratación por procedimiento de emergencia.

Desde ADAPTAT CONTRATACIÓN PÚBLICA nos ponemos a disposición de nuestros clientes, sean empresas privadas o Administraciones Públicas, para asesorarles en la aplicación del procedimiento explicado anteriormente si detectasen la necesidad o posibilidad de dar un servicio u obra para minimizar, reducir o paliar los efectos de esta pandemia.

#QuédateEnCasa #FrenaLaCurva

En referencia al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ADAPTAT quiere mantener informado a sus clientes, dentro de las posibilidades e informaciones que se nos facilitan desde la Administración Pública, analizando sus contenidos y resumiéndolas y adaptándolas a las circunstancias de nuestros clientes.

Con respecto al primer punto que nos afecta: la suspensión de los plazos administrativos, de prescripción y caducidad; se paraliza de forma clara toda licitación, ya sea por presentación, por pendiente de apertura o por pendiente de adjudicación. No obstante, el órgano competente podrá, motivándolo, no suspender algún plazo si todas las partes están conformes. Nos encontramos recibiendo notificaciones de diversas suspensiones de licitaciones a día de hoy.

Nuestra recomendación es que se solicite por escrito la suspensión de todos los plazos en los que nuestros clientes se encuentren inmersos actualmente.

Desde la entrada en vigor de este RD, los contratos solo se podrán tramitar por vía de emergencia. La suspensión de los plazos enunciada afecta a los contratos en vigor. Puede aplicarse la excepción para los supuestos en los que el interesado manifieste estar conforme con la no suspensión o en los supuestos estrechamente vinculados con los hechos justificativos del Estado de Alarma.

El órgano de contratación podrá optar por no suspender un plazo, mediante resolución motivada, si esto puede evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento, siempre y cuando este manifieste su conformidad con la decisión.

Es importante y esencial analizar de manera individualizada cada caso, si bien el artículo 208 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que regula las situaciones de suspensión de contratos, avala que la Administración contratante abone al contratista los daños y perjuicios sufridos por este, el gasto de mantenimiento de la garantía, el 3% de las prestaciones que se debería haber ejecutado, el gasto de las pólizas de seguros, los gastos salariales, etc.

No obstante, reiteramos que en ADAPTAT CONTRATACIÓN PÚBLICA nos encontramos trabajando para analizar caso por caso y revisar la situación de cada uno de nuestros clientes con el objetivo de preservar sus intereses. Les mantendremos informados sobre todo lo que acontezca.

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Suspension de procedimientos.pdf

BOE-A-2020-3692.pdf

Nuestro cliente INSVALL ELECTRICS, una empresa especializada en la instalación eléctrica de baja tensión con más 16 años de experiencia en el sector, ha conseguido la adjudicación de la licitación para la obra INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO PEBRET, en la población de Peñíscola, por importe de 123.020,13 €.

El proyecto de la obra consiste en ejecutar la instalación de 54 nuevas luminarias dotadas de tecnología LED de 90W en dicho camino. Estas se colocarán en columnas de 9 metros ancladas al suelo, y también se instalará la línea subterránea del alumbrado público de la zona. Se pretende, con ello, mejorar las condiciones lumínicas del Camino Pebret en una actuación que continúa con la política de ahorro energético emprendida por el Ayuntamiento de Peñíscola.

INSVALL se ha apoyado en el asesoramiento de ADAPTAT para lograr la adjudicación de este contrato, gracias a la selección y análisis de la licitación, la preparación de la documentación requerida por la Administración para presentar la oferta, el seguimiento de la misma tras la presentación y la preparación de todo lo requerido para tramitar la adjudicación.

Un logro importante obtenido a través de la colaboración entre nuestros servicios de asesoramiento y la experiencia de una empresa referente en su sector, que se pone manos a la obra tal y como han anunciado en sus redes sociales.

En ADAPTAT encaramos 2020 con ilusiones renovadas. Durante el año pasado 2019 hemos consolidado nuevas directrices de trabajo que han dado excelentes resultados a nuestros clientes.

 

Se han filtrado más de 31 licitaciones, 1.500 analizadas, 776 seleccionadas y 348 presentadas de las cuales se han adjudicado 32. En valor económico se han presentado licitaciones por valor de más de 34 millones de euros, de los cuales han adjudicado a nuestros clientes 2 millones de euros.

 

Hemos arrancado este año presentado ADAPTAT en el grupo de BNI Congresos, analizando y exponiendo el resultado del trabajo de todo el curso pasado, así como presentando toda nuestra cartera de servicios que ofertamos: apoyo a las empresas a licitar y asesoramiento a las administraciones públicas para publicar las licitaciones y las certificaciones. Mostrando así día a día y proyecto a proyecto nuestra ventaja competitiva en la contratación pública.

 

 

AL TANTO DEL RDL QUE INTRODUCE NUEVA NORMATIVA EUROPEA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

El pasado 5 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado la aprobación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Desde ADAPTAT celebramos la adopción de nuevas directivas, impulsadas por la propia UE, que ahonden en la importancia de la contratación pública como una de las piedras angulares en la consecución de servicios y bienestar para los ciudadanos españoles.

Como siempre, estamos alerta de todas estas nuevas normativas tanto para trasladarlas a nuestros clientes y ayudarles a adaptar sus ofertas para la Administración; como para formar a los administradores públicos en la publicación de licitaciones que permitan obtener los mejores proyectos por parte de las empresas para conseguir el resultado más óptimo desde todas las perspectivas posibles.

  • PRESENTACIÓN DEL GRUPO BNI 2020 

    Para empezar este 2020 hemos presentado los servicios y resultados del grupo BNI. Durante la presentación analizamos y expusimos los resultados del trabajo realizado durante todo el ejercicio 2019. También presentamos el catálogo completo de los servicios que ADAPTAT ofrece a sus clientes potenciales, como el apoyo a las empresas a la hora de licitar y optar a las adjudicaciones de las licitaciones públicas; la ayuda a las Administraciones Públicas para formular y presentar las licitaciones en las plataformas correspondientes; y los servicios de certificaciones e implementación de normas de todo tipo, como Planes de Igualdad, Gestión Ambiental, Responsabilidad Social Corporativa, etc.Tenemos la tranquilidad de poder demostrar nuestra ventaja competitiva frente a otras empresas del sector, ofreciendo unas opciones y resultados de nivel superior y con unos márgenes de beneficio impresionantes para nuestros clientes. Continuaremos trabajando, tanto como empresa como parte del grupo que representa BNI, en pos de hacer del mundo de la contratación pública un espacio más accesible para las empresas y más útil para la Administración.

  • PRESENTAMOS NUESTRO RESUMEN DEL AÑO 2019

    Hemos presentado y hecho público el resumen de trabajo realizado por nuestra empresa durante el ejercicio 2019. Un año repleto de trabajo en el que hemos filtrado más de 31.000 licitaciones, analizado más de 1.500, seleccionado 776 y presentado 348. Las adjudicaciones han ascendido a 32, un dato más que positivo que demuestra nuestra capacidad de adaptación y la sintonía entre nuestras ofertas y las necesidades de la Administración.

    Hablando de cifras económicas, podemos decir que hemos presentado licitaciones por valor de más de 34 millones de euros. La adjudicación final a nuestros clientes ha rozado la elevada cantidad de casi 2 millones de euros.

    ADAPTAT cierra así un ejercicio altamente productivo y podemos decir que nuestros resultados finales son más que satisfactorios. Comenzamos 2020 con la ilusión y el empuje del trabajo bien hecho y de muchos más proyectos por delante.

  • Esta finalitzant l´any i ADAPTAT ja esta preparant l´any 2020, como es pot vore en els calendaris.

  • Pero al final de l´any l´administració esta molt activa i trau moltes licitacions, encara es poden presentar moltes, no ho deixes passar.

 

Descàrrega el calendari en pdf

NOTICIAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA (1006). 8.000 empresas evitarán perder su clasificación el 31 de diciembre.

PUBLICADO EL REAL DECRETO QUE PRORROGA LA VALIDEZ DE LA CLASIFICACIÓN “POR LETRAS” DE LOS CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS.

En su día, el Real Decreto 773/2015, por el que se modificó parcialmente el Reglamento de contratación, varió los términos y condiciones de otorgamiento, exigencia y eficacia de la clasificación como contratista de obras y como contratista de servicios de las administraciones públicas. En lo que aquí interesa, la disposición transitoria cuarta de dicho R.D., estableció que las clasificaciones otorgadas con fecha anterior a su entrada en vigor (05/11/15) perderían su vigencia y eficacia el 1 de enero de 2020. El mayor cambio “visual” (naturalmente hubo otros en cuanto a contenido/regulación) que introdujo dicho R.D., supuso que, a partir del momento de su entrada en vigor, las nuevas clasificaciones, tanto en obras como en servicios, se otorgaron, en lo que se refiere a la categoría alcanzada “por números” en lugar de “por letras” -por ejemplo, grupo C, subgrupo 1, categoría 1, en lugar de grupo C, subgrupo 1, categoría a-.

Pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del citado R.D., a 30 de junio de 2019 contabilizó el Ministerio de Hacienda más de 3.000 contratistas de obras (53% del total) y más de 4.600 contratistas de servicios (63% del total) cuyo expediente de clasificación aún no había sido modificado, esto es, continuaban clasificados “por letras”. Pues bien, ante la previsible imposibilidad de hacer frente a la tramitación de una avalancha de 8.000 procedimientos de revisión, se ha considerado imprescindible extender el régimen transitorio de validez y eficacia de las clasificaciones que finalizaba el 31 de diciembre del presente año. Por ello, ya en el mes de septiembre, se sometió a información pública el proyecto del nuevo real decreto finalmente publicado ayer viernes 6 de diciembre.

Con el fin de evitar que este nuevo R.D., no sea más que una mera prórroga del anterior, y que finalmente haya de ser nuevamente prorrogado en un futuro, se gradúa ahora en el mismo la extensión del plazo de validez de las clasificaciones en función de la cuantía(**) de los contratos a los que las empresas pueden optar, de manera que la extensión de plazo sea únicamente de un año (hasta el 01 de enero de 2021), para los contratos de obras cuya cuantía exceda de 5.000.000 de euros, o contratos de servicios cuya cuantía excede de 1.200.000 €, ampliando el plazo en dos años (hasta el 01 de enero de 2022), para el resto de contratos de obras o servicios. De este modo, las empresas que disponen de clasificaciones más elevadas tendrán un incentivo para instar lo antes posible la revisión de su clasificación, y ello permitirá una distribución más uniforme en el tiempo del proceso de revisión y otorgamiento de clasificaciones.

Consecuencia necesaria de lo anteriormente señalado, es que el 1 de enero de 2022 perderán definitivamente su vigencia y eficacia las clasificaciones “por letras”. Acceder aquí al ayer publicado “Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas…

[(**) Nota/Comentario: Cabe preguntarse que se ha de entender por cuantía superior a 5 -obras-, o a 1,2 -servicios- millones de euros- ¿Valor estimado? ¿Precio de licitación? ¿…? A nuestro entender es de aplicación lo establecido en los artículos 26 y 38 del Reglamento de contratación. “La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior”. Esto cabe deducir de lo previsto en el nuevo R.D. que señala en su preámbulo: Por ello, el presente real decreto gradúa la extensión del plazo de validez de las clasificaciones en función de la cuantía de los contratos a los que las empresas pueden optar, de manera que la extensión de plazo sea de un año para los contratos cuya cuantía requiera disponer de la máxima categoría de clasificación, ampliando el plazo en dos años para el resto de los casos.” Pues bien, la cuantía a partir de la cual es exigible la máxima categoría viene establecida en los citados y parcialmente transcritos artículos 26 -obras- y 38 -servicios-.]

Descargar esta noticia en formato pdf.