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NOTICIAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA (1006). 8.000 empresas evitarán perder su clasificación el 31 de diciembre.

PUBLICADO EL REAL DECRETO QUE PRORROGA LA VALIDEZ DE LA CLASIFICACIÓN “POR LETRAS” DE LOS CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS.

En su día, el Real Decreto 773/2015, por el que se modificó parcialmente el Reglamento de contratación, varió los términos y condiciones de otorgamiento, exigencia y eficacia de la clasificación como contratista de obras y como contratista de servicios de las administraciones públicas. En lo que aquí interesa, la disposición transitoria cuarta de dicho R.D., estableció que las clasificaciones otorgadas con fecha anterior a su entrada en vigor (05/11/15) perderían su vigencia y eficacia el 1 de enero de 2020. El mayor cambio “visual” (naturalmente hubo otros en cuanto a contenido/regulación) que introdujo dicho R.D., supuso que, a partir del momento de su entrada en vigor, las nuevas clasificaciones, tanto en obras como en servicios, se otorgaron, en lo que se refiere a la categoría alcanzada “por números” en lugar de “por letras” -por ejemplo, grupo C, subgrupo 1, categoría 1, en lugar de grupo C, subgrupo 1, categoría a-.

Pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del citado R.D., a 30 de junio de 2019 contabilizó el Ministerio de Hacienda más de 3.000 contratistas de obras (53% del total) y más de 4.600 contratistas de servicios (63% del total) cuyo expediente de clasificación aún no había sido modificado, esto es, continuaban clasificados “por letras”. Pues bien, ante la previsible imposibilidad de hacer frente a la tramitación de una avalancha de 8.000 procedimientos de revisión, se ha considerado imprescindible extender el régimen transitorio de validez y eficacia de las clasificaciones que finalizaba el 31 de diciembre del presente año. Por ello, ya en el mes de septiembre, se sometió a información pública el proyecto del nuevo real decreto finalmente publicado ayer viernes 6 de diciembre.

Con el fin de evitar que este nuevo R.D., no sea más que una mera prórroga del anterior, y que finalmente haya de ser nuevamente prorrogado en un futuro, se gradúa ahora en el mismo la extensión del plazo de validez de las clasificaciones en función de la cuantía(**) de los contratos a los que las empresas pueden optar, de manera que la extensión de plazo sea únicamente de un año (hasta el 01 de enero de 2021), para los contratos de obras cuya cuantía exceda de 5.000.000 de euros, o contratos de servicios cuya cuantía excede de 1.200.000 €, ampliando el plazo en dos años (hasta el 01 de enero de 2022), para el resto de contratos de obras o servicios. De este modo, las empresas que disponen de clasificaciones más elevadas tendrán un incentivo para instar lo antes posible la revisión de su clasificación, y ello permitirá una distribución más uniforme en el tiempo del proceso de revisión y otorgamiento de clasificaciones.

Consecuencia necesaria de lo anteriormente señalado, es que el 1 de enero de 2022 perderán definitivamente su vigencia y eficacia las clasificaciones “por letras”. Acceder aquí al ayer publicado “Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas…

[(**) Nota/Comentario: Cabe preguntarse que se ha de entender por cuantía superior a 5 -obras-, o a 1,2 -servicios- millones de euros- ¿Valor estimado? ¿Precio de licitación? ¿…? A nuestro entender es de aplicación lo establecido en los artículos 26 y 38 del Reglamento de contratación. “La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior”. Esto cabe deducir de lo previsto en el nuevo R.D. que señala en su preámbulo: Por ello, el presente real decreto gradúa la extensión del plazo de validez de las clasificaciones en función de la cuantía de los contratos a los que las empresas pueden optar, de manera que la extensión de plazo sea de un año para los contratos cuya cuantía requiera disponer de la máxima categoría de clasificación, ampliando el plazo en dos años para el resto de los casos.” Pues bien, la cuantía a partir de la cual es exigible la máxima categoría viene establecida en los citados y parcialmente transcritos artículos 26 -obras- y 38 -servicios-.]

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El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad en materia de administración digital, contratación del sector público, y telecomunicaciones.

 

Según ha informado el Ejecutivo, el citado Real Decreto-ley tiene por objeto regular este marco normativo, que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector de las telecomunicaciones.

Según añade, la sociedad actual requiere de adaptaciones en la esfera digital que exigen de una traducción a nivel normativo. El desarrollo y empleo de las nuevas tecnologías y redes de comunicaciones por parte de las administraciones públicas se está acelerando. Ello exige establecer sin demora un marco jurídico que garantice el interés general y, en particular la seguridad pública, asegurando la adecuada prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos.

El carácter estratégico para la seguridad pública de las materias reguladas en este Real Decreto-ley se ve avalado por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que describe los riesgos asociados a las nuevas tecnologías como uno de los principales desafíos de la sociedad actual.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2017, aprobada mediante Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, identifica a las ciberamenazas y al espionaje como una de las amenazas que comprometen o socavan la Seguridad Nacional y, en coherencia con ello, identifica a la ciberseguridad como uno de sus ámbitos prioritarios de actuación. Se hace notar que el desarrollo tecnológico implica una mayor exposición a nuevas amenazas, especialmente las asociadas al ciberespacio, tales como el robo de datos e información, el hackeo de dispositivos móviles y sistemas industriales, o los ciberataques contra infraestructuras lícitas. La hiperconectividad actual agudiza algunas de las vulnerabilidades de la seguridad pública y exige una mejor protección de redes y sistemas, así como de la privacidad y los derechos digitales del ciudadano.

Entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean desde el punto de vista de la seguridad pública se encuentran las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y el espionaje. Estas actividades se benefician de las posibilidades que ofrece la sofisticación informática para acceder a ingentes volúmenes de información y datos sensibles.

En este punto, añade el Gobierno, juega un papel decisivo el proceso de transformación digital de la Administración, ya muy avanzado. La administración electrónica agudiza la dependencia de las tecnologías de la información y extiende la posible superficie de ataque, incrementando el riesgo de utilización del ciberespacio para la realización de actividades ilícitas que impactan en la seguridad pública y en la propia privacidad de los ciudadanos.

Desde el pasado 2 de mayo La Comisión Europea deja en manos de cada país miembro el servicio de proporcionar el DEUC electrónico.

 

El Documento europeo único de contratación (DEUC) fue regulado por la directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la contratación pública en el artículo 59; como documento para que los licitadores puedan aportar la acreditación de que no se encuentran en acusados en causas de exclusión para contratar, además de que cumplen los criterios y las condiciones de selección exigidos para los contratos público, y exige que dicho formato tenga formato electrónico.

 

La comisión Europea estableció el formulario para la elaboración del DEUC, en el Reglamento 2016/7, de uso obligatorio para la contratación pública en la Unión Europea, proporcionándolo en un servicio público establecido para la creación, edición y gestión de este documento de forma electrónica. Pero desde el 2 de mayo, el formulario será proporcionado por cada país miembro, por esto mismo muchas empresas se encontraron con la sorpresa, en la plataforma habitual donde se podía encontrar dicho documento, ahora no aparecía .

 

Ya no hay de que preocuparse, el Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición de todos los órganos de contratación, empresarios e interesados en los servicios de licitación pública, la siguiente dirección electrónica donde editar y gestionar el DEUC junto con otros servicios como el Registro Oficial de Licitaciones y Empresas Clasificadas (ROLECE): https://visor.registrodelicitadores.gob.es

 

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