NUEVA ADJUDICACIÓN DE CLIMA EN BÉLGIDA PARA FRÍO Y CLIMA JORDA

Tras el periodo de paralización de los procedimientos de contratación pública y demás trámites administrativos a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia mundial de COVID-19, en ADAPTAT demostramos que seguimos activos y trabajando por conseguir las mejores licitaciones para nuestros clientes.

FRIO Y CLIMA JORDA, S.L., empresa especializada en la instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado, da la bienvenida a la nueva normalidad con una adjudicación por importe de 28.485,82 € en la población de Bélgida, con la obra de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL INMUEBLE PÚBLICO CASA DE LA MÚSICA MUNICIPAL”.

Dicho contrato consiste, de acuerdo con el proyecto, en la instalación de un nuevo equipo de clima tipo Rooftop que pueda resolver los actuales problemas del local en materia de refrigeración y calefacción del equipo ya existente en la Casa de la Música, perteneciente al Ayuntamiento de Bélgida. El objetivo es, así pues, mejorar las prestaciones actuales y la eficiencia energética del sistema, uno de los principales valores de la empresa.

ADAPTAT ha asesorado a FRIO Y CLIMA JORDA, S.L. durante todo el proceso a fin de lograr obtener la adjudicación del contrato. Hemos analizado y estudiado minuciosamente la licitación, preparando la documentación requerida para la presentación de la oferta. Se ha realizado un seguimiento al detalle del proceso tras presentarla y se ha presentado todo lo necesario para tramitar la adjudicación y, finalmente, la ansiada formalización del contrato. Modelo de éxito: ADAPTAT.

A lo largo del presente Estado de Alarma a raíz de la pandemia originada por la expansión del COVID-19, desde ADAPTAT hemos estado manteniendo informados a todos nuestros clientes, tanto empresas como administraciones, de acuerdo con los criterios, comunicaciones e informaciones que han facilitado las distintas Administraciones Públicas. Siempre con un previo análisis de los contenidos de los documentos oficiales, hemos resumido y adaptado los mismos a las circunstancias y necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Desde el 1 de junio del presente año 2020, el Gobierno de España, a través del Real Decreto 537/2020, por el que se prorroga dicho Estado de Alarma, ha oficializado el levantamiento de la suspensión de los procedimientos administrativos que se encontraban paralizados por la crisis sanitaria. Esta noticia, junto con la reanudación dispuesta en el Real Decreto-ley 17/2020 en el pasado mes de mayo, permite una vuelta a la normalidad paulatina y cada vez mayor de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades que pertenecen al Sector Público de nuestro país.

Por ello, y manteniendo la esperanza y la confianza en que esta situación termine de resolverse a la mayor brevedad posible y recuperemos el estado de funcionamiento previo a la pandemia, en ADAPTAT queremos transmitir a nuestros clientes, todos ellos, que nos encontramos trabajando a pleno rendimiento para ofrecerles nuestros servicios, asesoramiento y apoyo en estos momentos de incertidumbre.

Gracias por confiar en nosotros. Juntos venceremos al virus.

El principal problema es la solvencia que se exige

Con motivo de la pandemia por la Covid-19 y el creciente sanitario de las diferentes administraciones públicas, abrimos este espacio de reflexión con un artículo que alerta sobre las enormes dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas para llegar a acuerdos mercantiles con el Estado, una comunidad autónoma, una diputación o un ayuntamiento, ya sea de medio millón de habitantes o de medio millar de vecinos.

José Vicente Montagud Aparisi es ingeniero industrial y director de ADAPTAT Contratación Pública

La Unión Europea, desde hace unos años, ha iniciado un proceso de homogeneización y modernización de la contratación pública mediante una serie de Directivas al respecto, que se deben trasponer en cada uno de los estados. En España, dicha trasposición se realizó con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, entrando en vigor el 9 de marzo de 2018.

Los objetivos de esta ley son transparencia, calidad, eficiencia, eficacia y acción política, de las cuales vamos a destacar las que más afectan a las pymes: Eficacia, simplificar los trámites, menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las pymes y acción política, promoción de las pymes y de defensa de la competencia.

El apoyo y facilidades de acceso a las pymes en relación a la contratación pública queda manifiesto en varios puntos del preámbulo de la ley (en el último párrafo del punto I, el tercer párrafo del punto II, el primer párrafo del punto III, el dieciseisavo párrafo del punto V). Como se puede comprobar en todo el preámbulo de la ley, y como se ha repetido desde foros políticos y administrativos, la norma impulsada por Europa incorpora una clara vocación para facilitar el acceso a la contratación pública a las pymes, facilitando el proceso.

Ya han pasado dos años y podemos hacer un pequeño análisis de la realidad, que dista bastante de la filosofía y los objetivos de la ley “forzada” por la Unión Europea. Vamos a revisar una serie de puntos por los que considero que la situación no es la que se deseaba.

El ROLECE (Registro de licitadores y empresas clasificadas del Sector Público)

La ley introduce la obligatoriedad de estar inscrito en este registro para poder licitar a unos determinados tipos de procedimientos, los abiertos simplificados. Estos representan, aproximadamente, el 75 % de las licitaciones. En un principio, el objetivo es claro: solo se presenta la documentación una vez, y ya te sirve para futuras licitaciones. Esta obligatoriedad empezaba el 9 de septiembre de 2018. Fue tal el caos generado en la propia Administración, ya que no podían dar respuesta a todas las empresas que presentaban la documentación, que tuvieron que publicar una recomendación para que esta obligatoriedad fuese flexible, dejándolo a criterio del órgano de contratación.

Por otra parte, las pymes y micropymes se ven obligadas a externalizar cualquier gestión de documentación, ya que no tienen recursos o conocimientos suficientes para dedicar a esta labor. Suele ser un hándicap. En conclusión, un instrumento cuya finalidad era reducir burocracia ha empeorado la situación. De hecho, a fecha de hoy, la exigencia de la inscripción es flexible en muchos casos, según organismos.

No obstante, el tema del ROLECE no es el mayor de los inconvenientes con los que se encuentran las pymes. El principal problema son las solvencias que se piden, algunas tan exageras y/o concretas que hacen inviable la posibilidad de presentación de muchas empresas, incluso en algunos casos, piden una documentación tan concreta que parece que se ajuste a una determinada empresa o empresas. En la mayoría de los casos suelen ser medianas o grandes empresas habituadas a trabajar con la Administración que controlan y dominan los procesos e “imponen” sus criterios para limitar el acceso. Otras veces, es el propio órgano de contratación, para evitar una concurrencia excesiva y dirimir si las empresas son capaces o no de realizar la obra y/o servicio. En otras ocasiones, son asistencias externas que, aunque no limiten directamente la solvencia, marcan unos criterios técnicos muy definidos y en la mayoría de los casos marcados por algunas multinacionales de productos, llegando a ver incluso que se puntúa el hecho de proponer una determinada marca.

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Como hemos venido haciendo durante la vigencia del actual Estado de Alarma, desde ADAPTAT tenemos el firme propósito de mantener informados a nuestros clientes de todas las novedades informativas proporcionadas por las Administraciones Públicas mediante un análisis pormenorizado de estas comunicaciones, un resumen de las mismas y una atención personalizada adaptada a cada uno de nuestros clientes.

 

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó dar «vía libre» a la reanudación de los procedimientos de contratación que habían sido suspendidos por la situación actual promocionados por las entidades pertenecientes al Sector Público. Asimismo, se ponen en marcha nuevos procedimientos, con el condicionante de que tanto estos como los que se reanudan sean tramitados por medio de herramientas electrónicas.

 

Estas novedades vienen reguladas a través de una disposición adicional incorporada al Real Decreto-ley 17/2020, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente a la situación derivada del COVID-19, que reza así:

“A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos de contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.”

 

En estos términos, como hemos comentado, la disposición adicional garantiza la continuidad de los procedimientos suspendidos a raíz de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma; así como aquellos procedimientos venideros siempre y cuando se tramiten de la forma indicada, por medios electrónicos.

 

Desde ADAPTAT continuaremos analizando la situación de la contratación pública a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19 y mantendremos informados de manera constante a todos nuestros clientes, a fin de preservar sus intereses y continuar ofreciéndoles el servicio de asistencia y formación que nos caracteriza.

A fin de mantener informados a nuestros clientes en estos momentos de incertidumbre administrativa, desde ADAPTAT queremos explicar brevemente la situación en la que nos encontramos con el actual Estado de Alarma en lo referente a las licitaciones públicas.

A raíz de la suspensión de plazos administrativos y paralización de toda actividad en este sentido (ambas medidas derivadas del RD 463/2020), salvo aquella encaminada a paliar, reducir o minimizar los efectos del COVID-19 provoca, efectivamente, que no haya posibilidad de licitar nada. Todas las personas, empresas y sectores cuyo trabajo se encuentra ligado a las licitaciones públicas no podemos hacer otra cosa que esperar que dobleguemos el avance del coronavirus y se retire el Estado de Alarma para que la situación se regularice y podamos continuar con nuestra actividad habitual.

A pesar de ello, la actividad de contratación de la Administración Pública no se ha paralizado, puesto que el RD 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, indica en su artículo 16 la vía de contratación de la AP: aplicando el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que articula la contratación por procedimiento de emergencia.

Desde ADAPTAT CONTRATACIÓN PÚBLICA nos ponemos a disposición de nuestros clientes, sean empresas privadas o Administraciones Públicas, para asesorarles en la aplicación del procedimiento explicado anteriormente si detectasen la necesidad o posibilidad de dar un servicio u obra para minimizar, reducir o paliar los efectos de esta pandemia.

#QuédateEnCasa #FrenaLaCurva

En referencia al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ADAPTAT quiere mantener informado a sus clientes, dentro de las posibilidades e informaciones que se nos facilitan desde la Administración Pública, analizando sus contenidos y resumiéndolas y adaptándolas a las circunstancias de nuestros clientes.

Con respecto al primer punto que nos afecta: la suspensión de los plazos administrativos, de prescripción y caducidad; se paraliza de forma clara toda licitación, ya sea por presentación, por pendiente de apertura o por pendiente de adjudicación. No obstante, el órgano competente podrá, motivándolo, no suspender algún plazo si todas las partes están conformes. Nos encontramos recibiendo notificaciones de diversas suspensiones de licitaciones a día de hoy.

Nuestra recomendación es que se solicite por escrito la suspensión de todos los plazos en los que nuestros clientes se encuentren inmersos actualmente.

Desde la entrada en vigor de este RD, los contratos solo se podrán tramitar por vía de emergencia. La suspensión de los plazos enunciada afecta a los contratos en vigor. Puede aplicarse la excepción para los supuestos en los que el interesado manifieste estar conforme con la no suspensión o en los supuestos estrechamente vinculados con los hechos justificativos del Estado de Alarma.

El órgano de contratación podrá optar por no suspender un plazo, mediante resolución motivada, si esto puede evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento, siempre y cuando este manifieste su conformidad con la decisión.

Es importante y esencial analizar de manera individualizada cada caso, si bien el artículo 208 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que regula las situaciones de suspensión de contratos, avala que la Administración contratante abone al contratista los daños y perjuicios sufridos por este, el gasto de mantenimiento de la garantía, el 3% de las prestaciones que se debería haber ejecutado, el gasto de las pólizas de seguros, los gastos salariales, etc.

No obstante, reiteramos que en ADAPTAT CONTRATACIÓN PÚBLICA nos encontramos trabajando para analizar caso por caso y revisar la situación de cada uno de nuestros clientes con el objetivo de preservar sus intereses. Les mantendremos informados sobre todo lo que acontezca.

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Suspension de procedimientos.pdf

BOE-A-2020-3692.pdf

Nuestro cliente INSVALL ELECTRICS, una empresa especializada en la instalación eléctrica de baja tensión con más 16 años de experiencia en el sector, ha conseguido la adjudicación de la licitación para la obra INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO PEBRET, en la población de Peñíscola, por importe de 123.020,13 €.

El proyecto de la obra consiste en ejecutar la instalación de 54 nuevas luminarias dotadas de tecnología LED de 90W en dicho camino. Estas se colocarán en columnas de 9 metros ancladas al suelo, y también se instalará la línea subterránea del alumbrado público de la zona. Se pretende, con ello, mejorar las condiciones lumínicas del Camino Pebret en una actuación que continúa con la política de ahorro energético emprendida por el Ayuntamiento de Peñíscola.

INSVALL se ha apoyado en el asesoramiento de ADAPTAT para lograr la adjudicación de este contrato, gracias a la selección y análisis de la licitación, la preparación de la documentación requerida por la Administración para presentar la oferta, el seguimiento de la misma tras la presentación y la preparación de todo lo requerido para tramitar la adjudicación.

Un logro importante obtenido a través de la colaboración entre nuestros servicios de asesoramiento y la experiencia de una empresa referente en su sector, que se pone manos a la obra tal y como han anunciado en sus redes sociales.

En ADAPTAT encaramos 2020 con ilusiones renovadas. Durante el año pasado 2019 hemos consolidado nuevas directrices de trabajo que han dado excelentes resultados a nuestros clientes.

 

Se han filtrado más de 31 licitaciones, 1.500 analizadas, 776 seleccionadas y 348 presentadas de las cuales se han adjudicado 32. En valor económico se han presentado licitaciones por valor de más de 34 millones de euros, de los cuales han adjudicado a nuestros clientes 2 millones de euros.

 

Hemos arrancado este año presentado ADAPTAT en el grupo de BNI Congresos, analizando y exponiendo el resultado del trabajo de todo el curso pasado, así como presentando toda nuestra cartera de servicios que ofertamos: apoyo a las empresas a licitar y asesoramiento a las administraciones públicas para publicar las licitaciones y las certificaciones. Mostrando así día a día y proyecto a proyecto nuestra ventaja competitiva en la contratación pública.

 

 

AL TANTO DEL RDL QUE INTRODUCE NUEVA NORMATIVA EUROPEA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

El pasado 5 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado la aprobación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Desde ADAPTAT celebramos la adopción de nuevas directivas, impulsadas por la propia UE, que ahonden en la importancia de la contratación pública como una de las piedras angulares en la consecución de servicios y bienestar para los ciudadanos españoles.

Como siempre, estamos alerta de todas estas nuevas normativas tanto para trasladarlas a nuestros clientes y ayudarles a adaptar sus ofertas para la Administración; como para formar a los administradores públicos en la publicación de licitaciones que permitan obtener los mejores proyectos por parte de las empresas para conseguir el resultado más óptimo desde todas las perspectivas posibles.

  • PRESENTACIÓN DEL GRUPO BNI 2020 

    Para empezar este 2020 hemos presentado los servicios y resultados del grupo BNI. Durante la presentación analizamos y expusimos los resultados del trabajo realizado durante todo el ejercicio 2019. También presentamos el catálogo completo de los servicios que ADAPTAT ofrece a sus clientes potenciales, como el apoyo a las empresas a la hora de licitar y optar a las adjudicaciones de las licitaciones públicas; la ayuda a las Administraciones Públicas para formular y presentar las licitaciones en las plataformas correspondientes; y los servicios de certificaciones e implementación de normas de todo tipo, como Planes de Igualdad, Gestión Ambiental, Responsabilidad Social Corporativa, etc.Tenemos la tranquilidad de poder demostrar nuestra ventaja competitiva frente a otras empresas del sector, ofreciendo unas opciones y resultados de nivel superior y con unos márgenes de beneficio impresionantes para nuestros clientes. Continuaremos trabajando, tanto como empresa como parte del grupo que representa BNI, en pos de hacer del mundo de la contratación pública un espacio más accesible para las empresas y más útil para la Administración.