• El acceso a la contratación pública históricamente ha estado rodeado de un halo de dificultades y dudas
  • La democratización de la contratación pública pasa por maximizar el acceso de las pymes a la compra pública
  • Es una gran oportunidad para las pymes, se incrementará el volumen de contratación pública y las posibilidades de licitar

La compra de bienes y servicios de las Administraciones Públicas representa casi el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, aproximadamente doscientos mil millones de euros. Estos bienes y servicios están destinados tanto al mejor funcionamiento de las Administraciones Públicas como para ofrecer un servicio eficaz a los ciudadanos.

El acceso a la contratación pública históricamente ha estado rodeado de un halo de dificultades y dudas, dificultades de acceso y dudas de transparencia. Esta imagen que se tiene de la compra pública está tamizada por varios aspectos que podemos contemplar: información y documentación, exigencias y transparencia, requisitos económicos y legales…

La información y documentación se refiere a las dificultades en encontrar la certera vía de acceso, ya sea por desconocimiento, interpretación o falta de tiempo, además de la falta de conocimiento de la Administración electrónica. En lo referente a la documentación encontramos desconocimiento de la normativa y de los procedimientos, confusión e interpretación de esas mismas directrices. Burocracia y complejidad en la que anda sumida siempre la compra pública.

Burocracia y complejidad

La exigencia es una de las barreras que mayor dificultad generan. Se piden unas solvencias excesivas, tanto técnicas como económicas, que impiden la posibilidad de presentar ofertas, como suelen ser niveles de cualificación y requisitos de certificación desproporcionados. En este aspecto, cabe destacar la influencia de determinadas marcas que intentan imponer sus criterios técnicos para evitar la entrada de la competencia, de la misma manera que encarecen el producto o servicios por imponer su marca.

Los aspectos económicos inciden en el alto coste de la preparación de la oferta y la carga administrativa excesiva, las garantías exigidas y los retrasos en los pagos, todos ellos implican una limitación, que genera frustración y desánimo. Y por último, tenemos una legislación excesivamente reglamentaria, ambigua y aplicada según intereses en función del tipo de administración y/o apreciaciones subjetivas. Además de todos estos aspectos la idea que se tiene respecto a contratos “dados”, contratos hechos a medida para alguna empresa y/o marca…

En los últimos años se está haciendo un esfuerzo por minimizar estos efectos, como fue la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en la cual se introduce decididamente un apoyo a las pymes para facilitar el acceso a la contratación pública, pero el resultado no ha sido el esperado, ha mejorado algunos aspectos, ha empeorado otros y ha introducido nuevos retos.

La contratación pública parece que está hecha sólo para unos cuantos… los que más tienen, los que más pueden, los que más conocen… para contrarrestar esta situación se debe tener como objetivo democratizar la contratación pública: conseguir que todas las empresas sean iguales frente a la contratación pública debería ser una obligación. La democratización de la contratación pública pasa por maximizar el acceso de las pymes a la compra pública, para lo cual hay que minimizar las barreras existentes, algunas de fácil solución y otras que requieren una ayuda externa.

Llegada de los fondos europeos

Focalizando en los tiempos que corren… de todos es sabido que la pandemia mundial está siendo devastadora en múltiples aspectos sanitarios, humanos, sociales y económicos. En Europa han preparado un plan para mejorar la situación y paliar los efectos de la covid-19: el Plan Netx Generation EU proporcionará los Fondos de Recuperación Europeos para abordar el cambio necesario; dichos fondos están dotados con 750.000 millones, de los cuales España le corresponden 140.446 millones, 77.324 serán transferencias directas y el resto serán préstamos a devolver.

El Gobierno Español ha introducido de manera inmediata la incorporación de los Fondos en la Ley de Presupuestos del Estado de 2021 (la Ley 11/2020, de 30 de diciembre), articulando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de unos Presupuestos que no tienen precedentes al convertirse en el motor de la reconstrucción social y económica de España tras la pandemia mundial provocada por la COVID-19, la más grave en más de un siglo.

La Ley de Presupuestos de Estado de 2021 introduce cambios en la Ley de Contratos del Sector Público, cambios que van enfocados a agilizar y mejorar la contratación pública para que los fondos lleguen lo antes posible a la sociedad, además del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Real Decreto Ley 36/2020 incorpora una serie de instrumentos de carácter general dirigidos a reducir las barreras normativas y administrativas, así como un conjunto de medidas de modernización de las Administraciones públicas, que permitan una gestión más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los mencionados fondos Next Generation EU.

Gran oportunidad para las pymes

Es una gran oportunidad para las pymes, se incrementará el volumen de contratación pública y las posibilidades de licitar. También posibilita el acceso a subvenciones para digitalizar la empresa y mejorar la productividad. Toda una oportunidad que las empresas pueden y deben ejercer y activar.

En lo referente a la contratación pública advertir de la necesidad de prepararse para poder licitar: es cierto que las modificaciones agilizan y flexibilizan los procedimientos, pero van encaminados a reducir umbrales, reducir tiempos de presentación y reducir exigencias… pero puede ser un inconveniente para una empresa que no esté preparada para licitar, ya que dichos condicionantes irán en su contra, ya que no podrá llegar a tiempo a todo aquello requerido.

Una pyme que quiera licitar debe tener preparada la documentación, estar registrada en el ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado), tener clara la solvencia que dispone, definir los criterios para los cuales se está interesada en licitar… Es una gran oportunidad, pero hay que estar preparado para acometerla, ya hay muchas empresas competitivas y para poder participar de la contratación pública hay que estar formado, más aún cuando los criterios, umbrales y tiempos se ha reducido y flexibilizado.

 

JOSEP VICENT MONTAGUD
Director
ADAPTAT Contratación Pública
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